Para aumentar la rentabilidad del excedente que genera la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo, el Gobierno ha acordado que la Seguridad Social (SS) podrá comprar bonos del Estado con este dinero. El Fondo de Prevención y Rehabilitación cuenta con 3.800 millones de euros y la SS podrá destinar hasta el 90% de estos recursos a este fin.
El hospital Miguel Servet de Zaragoza ha puesto en marcha el primer programa para hacer un seguimiento de la salud de aquellos trabajadores que pudieron estar expuestos al amianto (un material nocivo que provoca varios tipos de cáncer y enfermedades respiratorias mortales). De esta forma, se someterán a revisión cada tres años un total de 462 trabajadores, que por haber dejado su puesto de trabajo (por jubilación, cambio de actividad, etc.) no pudieron continuar con las revisiones periódicas que se realizaban en sus empresas para prevenir los posibles efectos nocivos en la salud del amianto. Según este programa, propuesto por la Mesa de Amianto de Aragón (un órgano de seguimiento de los efectos de este material, del que forman parte las patronales del metal y la construcción, los sindicatos, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral y la Inspección de Trabajo), en caso de que se detecte un síntoma de alguna patología, la persona deberá iniciar un programa de seguimiento.
Parece ser que las últimas huelgas de trabajadores, la de los controladores aéreos y de los trabajadores del metro, que han coincidido con un aumento de las bajas por Incapacidad Temporal (IT), podrían haber llevado al Gobierno a reconsiderar la necesidad de revisar la regulación sobre las prestaciones por IT. Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha comentado que ésta sería una vía adecuada para evitar que las prestaciones por IT se utilicen “de forma perversa”.
Con la finalidad de reducir el absentismo entre los empleados de la Administración, el Gobierno vasco está diseñando un programa que podría contemplar la posibilidad de solicitar la incapacidad permanente para los funcionarios y trabajadores públicos que padezcan una baja laboral durante un largo periodo de tiempo. Y es que los últimos datos apuntan a que 4.054 empleados públicos (el 6,32% del total) faltan cada día al trabajo por bajas médicas derivadas de una incapacidad temporal o como consecuencia de un accidente de trabajo. Por sectores, el mayor nivel de absentismo por razones médicas se da entre la ertzaintza (con un 10,8%) y los funcionarios de Justicia (6,9%), mientras que la tasa más baja se da entre los profesores de enseñanza pública no universitaria (4,3%).
La exposición laboral a sustancias tóxicas produce cada año en torno a 18.000 accidentes, cerca de 33.000 enfermedades (respiratorias, de la piel, del sistema nervioso…) y más de 4.000 muertes. Estos datos se desprenden del informe “Gestión del riesgo químico por parte de las administraciones españolas”, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). El documento propone, entre otras medidas, crear una agencia de sustancias químicas que ofrezca apoyo científico y técnico sobre estos productos, además de corregir la dispersión de legislación y la falta de coordinación entre los distintos organismos que tienen competencias en la materia. Por último, se recuerda que en Europa se comercializan unas 150.000 sustancias químicas, de las cuales sólo se han evaluado los riesgos de 141.
